¿Barrio rojo en Temuco?

Edil dijo que la ciudad no está preparada para contar con algo así.

Con una batería de ironías y calificativos, el alcalde de Temuco, Francisco Huenchumilla, echó por tierra, al menos en su opinión, un posible barrio rojo en la ciudad, tal cual lo propone el concejal PPD, Joaquín Tuma.
Para empezar, el edil manifestó que la iniciativa de Tuma no tiene ninguna viabilidad en la capital regional. "Lo barrios rojos responden a una cierta cultura... por lo general europea, pero pensar que en Temuco se pueda instalar uno es algo que no comparto, más cuando en Chile no hay ninguno. En el corto plazo, esa idea no tiene viabilidad y creo que es un volador de luces del concejal Tuma. ¿Podría llegar a haber uno? Sí... puede existir un barrio rojo en Temuco, pero en cien años más. Pero por el momento no", ironizó el alcalde.
Huenchumilla añadió que en un tema eminentemente comercial no se pueden imponer reglas, ni mucho menos intentar conciliar criterios con el fin de agrupar a todos en un mismo lugar.
"Sabemos que la prostitución y todo el comercio sexual existente es una actividad de carácter económica, por lo tanto es algo privado y no se pueden intentar crear reglas de algo que, insisto, es privado. Además, para su creación, el Estado o alguien tendría que entregar un terreno o sitio. De ser así se debería expropiar y realizar una serie de procedimientos, lo cual es muy difícil", puntualizó la autoridad comunal.

INICIATIVA

La idea del barrio rojo fue planteada por el concejal Joaquín Tuma, quien sostuvo que todo surge en el marco de una ordenanza municipal tendiente a controlar la entrega de patentes a expendios de alcoholes.
"Pronto hay que votar una ordenanza municipal que impida entregar a cualquiera una patente para comercializar alcohol. En ese marco, se me ocurrió proponer la creación de un barrio rojo, con el fin se seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y así evitar, por ejemplo, que en la esquina de sus casa se ejerza el comercio sexual. La idea es regular esto y aglutinar a todos en un sólo lugar. El que quiera puede ir y el que no lo desee, no va simplemente...", dijo Tuma.

PROPUESTA DE TUMA

El concejal Joaquín Tuma manifestó que el barrio rojo que tiene en mente, incluiría desde clubes nocturnos hasta moteles.
"Este barrio rojo incluiría clubes nocturnos, cabarets, prostíbulos y moteles. Además, todo el comercio sexual que en estos momentos se ejerce en las diferentes calles de la ciudad, tendría un control sanitario correspondiente a los tiempos que corren ahora, donde el Sida ha proliferado sustantivamente", aseguró el concejal.
Añadió que de esta forma, se mejoraría considerablemente la calidad de vida de la gente y la seguridad aumentaría en muchos sectores, ya que habría un mejor manejo de la delincuencia.
difícil
Pese a sus intenciones, Tuma está consciente que es difícil que su idea se concrete, y se adelantó a lo que pudiera pensar al respecto el alcalde Huenchumilla. "Yo creo que esta iniciativa, por lo menos bajo esta administración municipal, será muy difícil que prospere, no obstante, la estoy planteando desde ya para que por lo menos se inicie una discusión que tenga como objetivo central una nueva planificación urbana que regule el patrimonio familiar de Temuco", dijo.
Acerca del lugar donde debiera estar situado este barrio rojo, el concejal dijo que por el momento es muy apresurado dar algún nombre.
"Si se llega a concretar la iniciativa, serán los técnicos a cargo quienes vean el lugar", concluyó.

Por Rodrigo Salas V.

Las denuncias que persiguen a Rosa Oyarzún

Investigación desformalizada considera estas diez denuncias y, probablemente, otras.

Un dossier con diez denuncias en contra de la actual alcaldesa de Padre Las Casas, Rosa Oyarzún (candidata a la alcaldía de Temuco), maneja el Ministerio Público de la IX Región.
El documento al que tuvo acceso este Diario, se configuró en base a los datos entregados a la Contraloría por la concejala de esa comuna, Mariela Silva, y que luego el diputado Eduardo Díaz hizo llegar a la Fiscalía Nacional. A continuación, el detalle de los diez casos que son indagados por el fiscal de delitos funcionarios, Cristián Crisosto. En algunos de ellos estarían implicados familiares directos de la alcaldesa.
Hay que aclarar que Crisosto lleva una investigación desformalizada y no tiene plazos delimitados para decidir el futuro de la causa.

1.- "El funcionamiento de una empresa de propiedad de Rodrigo Ancao, hijo mayor de la alcaldesa. La investigación va en lo referido a eventuales irregularidades en cuanto a los montos de extracción de áridos, el tipo de autorización con el cual operaba y al estudio técnico que se presentó a la Dirección de Obras hidráulicas para conseguir el permiso de extracción. El proyecto de extracción de áridos de la empresa Newen-Lekén Ltda. fue presentado el 30 de diciembre de 2005 al director de Obras Hidráulicas y consistiría en una mera copia del estudio realizado por una consultora externa para concesionar el servicio en la comuna, documento que se ha extraviado en el municipio".

2.- "Debe investigarse por qué quien cobra los cheques que el municipio gira a la empresa COIR Ltda. que desarrolla la construcción de los Liceos B-29 y Darío Salas es Mauricio González Pulido, el yerno de la alcaldesa, quien aparece como representante legal de la constructora. Al mismo tiempo, si es efectivo que los pagos van por delante de los avances de la obra. Si es así se generaría un pago sin causa.
Las garantías de la empresa han vencido varias veces, la última en octubre de 2007. Podría darse, por tanto, el caso de que la empresa estuviere ejecutando las obras sin la boleta de garantía bancaria".

3.- "La señora alcaldesa viajó a un encuentro político los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2007 el que se desarrolló públicamente en Valdivia. Pese a que en realidad no cumplía visita funcionaria, cobró viáticos por ambas jornadas".

4.- "Concurrencia de la alcaldesa a votación en concejo municipal del día 24 de abril del 2006 de una subvención municipal a favor de la organización ‘Agrupación Cultural Rock al Roll 7’ que fuera conformada en su propio domicilio y cuyo primer presidente y socio es su hijo menor. La subvención perseguía financiar la compra de instrumentos musicales, entre ellos, una batería. Este instrumento es el que toca su hijo".

5.- "Celebración, durante varios años, de sucesivos contratos de trabajo a honorarios entre la señora alcaldesa y su cuñada, Elba Ancao Troncoso. Este familiar cumplía labores bajo su supervisión en el Programa social Municipal Residencia Estudiantil "Pichike Domo". (Uno de los contratos se refiere al decreto exento Nº670 de fecha 25 de abril de 2005)

6.- "Mantenimiento durante el año 2006 de la cuñada trabajando en el mismo programa, esta vez, sin contrato laboral ni de honorarios siendo cancelados sus servicios personalmente por la edil en su propio domicilio, al parecer con cheques personales".

7.- "Contraloría Regional ordenó a la alcaldesa, por medio del dictamen 6484 del 2002, invalidar un concurso y dejar sin efecto la contratación de Alex Henríquez, funcionario de la Dirección de Organizaciones Comunitarias. Pasaron cinco años sin que se llevara a efecto el dictamen. En agosto del 2007, la Contraloría ofició nuevamente a Oyarzún por este caso, ordenando iniciar inmediatamente un sumario administrativo. Si el sumario no se ha abierto, deben iniciarse acciones legales".

8.- "El año 2000 la empresa constructora Rucantu Ltda. regaló una mediagua a la municipalidad de Padre Las Casas para ayudar a alguna familia necesitada. Por instrucciones del marido de la edil, dicha mediagua fue instalada en un terreno de propiedad de la alcaldesa ubicado próximo al camino Quepe-Tumuntuco. Por ocasión de un conflicto laboral con un particular, la mediagua fue entregada a manera de pago. Dicha mediagua nunca fue ingresada e inventariada en el municipio".

9.- "En agosto de 2006, el concejo municipal aprobó 6 millones 500 mil pesos en calidad de subvención para co-financiar obras de urbanización al comité de vivienda ‘La Ilusión’, en San Ramón. La presidenta del comité no ha rendido cuenta de los dineros que le fueron confiados. Acerca del destino de los mismos hay una absoluta nebulosa, sin que el municipio haya tomado medidas compulsivas al respecto, pues hasta ahora sólo se ha limitado a invitar por escrito a la dirigente a explicar y justificar dichos gastos (ord. 0154 del 6 de agosto de 2007). Estos recursos habrían sido repartidos a personas naturales a través de depósitos hechos a sus libretas de ahorro. De ello se tuvo conciencia, cuando integrantes del citado comité reclamaron porque no les tocó parte de ese dinero".
Los antecedentes también son indagados por la Contraloría.

10.- Quizás la denuncia más complicada y grave sería el probable tráfico de influencias en la materialización de proyectos de viviendas sociales en el sector San Ramón.
El asunto afectaría a una prestadora de asistencia técnica en viviendas que durante el año 2005 presentó al municipio un equipo profesional de trabajo para hacerse cargo de uno de los comités del proyecto. Algunos miembros de ese equipo tienen relación familiar con profesionales de la Unidad de Vivienda del municipio lo que posibilitó que profesionales de la consultora realizaran, irregularmente, labores de fiscalización de las obras y a la vez participaron activamente en la empresa que ejecutó las obras de este proyecto habitacional.
Esto provocó que muchas viviendas presentaran fallas en la construcción lo cual fue denunciado por vecinos.

Por Francisco Carrasco M.

Psiquiatría: El otro servicio en caos

Imputados hacen de las suyas en el recinto de salud.

El hospital "Hernán Henríquez Aravena" de Temuco está colapsado. Conocido es el problema de las listas de espera y la saturación en el servicio de urgencia por la falta de camas y personal. A esto se suma una nueva dificultad: El deplorable estado del Servicio de Psiquiatría.
Una investigación periodística en terreno reveló que en este servicio había una sobrepoblación de pacientes psiquiátricos divididos entre enfermos comunes e imputados. Estas personas convivían en un espacio reducido, cerrado e inseguro. Unos pocos dormían en camas y el resto en el suelo, y los ataques a los funcionarios eran frecuentes.
A siete días de esa visita periodística, nuevos antecedentes agravan más el escenario.
En la práctica, este servicio es el único centro de derivación de la Novena Región para pacientes psiquiátricos agudamente perturbados, llegando a tener un porcentaje de ocupación de camas del 130 por ciento, según informes emitidos al Servicio de Salud Araucana Sur el año 2004.

ABUSOS DE PODER

El asunto es más crítico cuando el poder delictual de los imputados se sobrepone a los pacientes comunes.
Según la versión de enfermeras, de los 28 pacientes atendidos, 16 son imputados. En la convivencia diaria, estos reos -muchos de ellos con un denso prontuario policial- menoscaban a los enfermos psiquiátricos a tal punto que son ellos los que utilizan las camas y las mejores dependencias del recinto. Los pacientes reales duermen sobre colchonetas en el piso.
Asimismo, abunda el tráfico de ropa, cigarrillos y otros elementos que provienen desde el exterior, escapando a todo control interno.
Las muestras de poder de estos imputados hacia los pacientes comunes son constantes. "Ellos se agrupan en ciertos sectores y se comportan tal cual lo hacen al interior de un centro penitenciario" dice una de las enfermeras del lugar.

INSEGURIDAD

Esta misma profesional agregó que muchos de los imputados tienden a fingir síntomas psiquiátricos para estar en este recinto, a sabiendas que las medidas de resguardo en el lugar son mínimas.
En el día sólo hay uno o dos funcionarios de Gendarmería y no están a cargo de la seguridad del servicio, sino que están ocupados vigilando a ciertos imputados por lo que permanecen ajenos a los conflictos, a pesar que el sitio que comparten con la población del lugar y los funcionarios de la salud, tiene escasos metros y unas pocas salas.
Esta falta de seguridad ha provocado la fuga de algunos imputados y enfermos psiquiátricos, al no haber resguardo en las puertas del recinto o algún sistema de cierre.
Desde la aplicación de la Reforma Judicial, instancia que determinó el traslado de imputados a este servicio, que hay denuncias constantes al Servicio de Salud Araucanía Sur sobre estos asuntos y las precarias condiciones en que habitan los pacientes. Tras diez años de permanencia del actual servicio, se piensa que la solución a los conflictos esté en la apertura del nuevo servicio de salud mental ubicado por calle Blanco a un lado de Urgencias.

Por Francisco Carrasco